Suena chocante que con el nivel de seguridad que hay en Valencia se robe en los campos por valor de 64,000€, lo que supone un 30% más desde Marzo de 2015, es decir, 23 millones de euros en pérdidas global, según confirmaron organizaciones agrarias como la Federación de Cooperativas agroalimentarias, el AVA y La Unió.
Cristobal Aguado, presidente del AVA informa de que existen almacenes que exclusivamente adquieren productos robados, posteriormente estos lo distribuyen a minoristas y es que esta economía al margen de la ley está adquiriendo demasiada fuerza, muchos de los implicados no solo ladrones sino compradores también ya que son conscientes de la procedencia de sus compras.
El problema viene cuando las denuncias que los afectados llevan a cabo no generan el resultado esperado, los robos en el campo valenciano siguen y la desesperación de los agricultores aumenta ya que no ven mejorada la situación de la seguridad en Valencia, este colectivo lleva un tiempo criticando que las consellerias a las que les concierne estos hechos no se ponen de acuerdo para gestionar con eficiencia este problema y es que lo que se ha hecho hasta la fecha no ha sido muy útil. El problema se intensifica cuando no solo las denuncias no llegan a ningún lado sino que el denunciado descubre la identidad del denunciante, esto le puede llegar a suponer más robos y amenazas por lo que es peor el remedio que la solución.
En respuesta a esto, el delegado del gobierno Juan Carlos Moragues ha anunciado un Plan de Inspección de Almacenes Ilegales con el fin de evitar estos robos y mejorar la seguridad en el campo valenciano, además Moragues explicó que “Hemos intensificado nuestras inspecciones y comprobaciones en materia de trazabilidad, porque la mercancía debe ir acompañada de una documentación (llamada Data) que acredite que es legal”.
También se van a realizar determinados consejos agrarios para que los afectados puedan informar directamente a las autoridades y servicios de inteligencia sobre todo lo ocurrido respecto a los robos, son grupos organizados los que llevan a cabo estos atentados contra la seguridad de los agricultores por lo que hay que actuar de manera organizada para acabar con este problema que genera muchas pérdidas a lo largo del año.
Además, el problema es mayor de lo que parece ya que todos estos productos robados, que son vendidos a la población, están fuera del control sanitario por lo que podría incluso suponer un problema para la salud de los consumidores.
Esperemos que estas medidas sean de ayuda para el sector de la agricultura en nuestra comunidad y que los afectados vean mejorada su seguridad.